Se espera que en los próximos meses se apruebe la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario) en el Congreso del Estado español. Aunque esperaban tener dicha ley aprobada para finales de 2021, las presiones recibidas de diversos sectores y diversas razones (entre ellas la dimisión del ministro Manuel Castells) han retrasado el proceso. Esta ley tomará el relevo de la LOU de 2001 y de la LOMLOU de 2007 para regular la naturaleza y el funcionamiento de las universidades del Estado español (incluidas las de Hego Euskal Herria) durante los próximos años. Conjuntamente con el Estatuto del personal docente e investigador universitario que se aprobará a continuación, la LOSU también regulará las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores de las universidades. La LOSU afectará a todas las personas que trabajamos y/o estudiamos en las universidades de Hego Euskal Herria, al igual que lo hacen las leyes ya mencionadas o la recientemente aprobada Ley de convivencia universitaria, la cual facilitará criminalizar y reprimir la protesta frente a un modelo mercantilista de universidad.
A pesar de ello, se percibe muy poco interés en la comunidad universitaria de la UPV/EHU y de la NUP/UPNA sobre una LOSU que tendrá profundas consecuencias para, previsiblemente, un largo periodo de tiempo. Por ello, desde LAB hemos llevado a cabo estos últimos meses un proceso de discusión con las afiliadas y afiliados de la universidad para definir nuestra posición y nuestras reivindicaciones. Aunque es muy probable que, durante los próximos meses, se introduzcan cambios en el proyecto de ley, queremos hacer públicas nuestras principales conclusiones y reivindicaciones.
No es nuestra ley. No es la ley que necesitamos
Euskal Herria necesita su propia ley universitaria, desarrollada desde Euskal Herria y destinada a responder a las necesidades del pueblo vasco. Hoy en día, el alumnado de Ipar Euskal Herria llega a la UPV/EHU y la NUP/UPNA como estudiantes extranjeras/os, y son muchos los obstáculos que deben superar para poder estudiar en las universidades públicas de Hego Euskal Herria. Con el horizonte de lograr una verdadera universidad vasca aunque partiendo de la realidad administrativa actual, es imprescindible que el Gobierno Vasco y el Gobierno Navarro dispongan de competencias sobre las universidades y que se refuercen las relaciones con la Université de Pau et des Pays de l’Adour de Ipar Euskal Herria. Si bien, tras una larga lucha en favor de un profesorado propio, la Ley del Sistema Universitario Vasco de la CAV de 2004 recoge algunas competencias, es totalmente dependiente de la legislación estatal, lo cual impide desarrollar el modelo de universidad que necesita Euskal Herria. La situación en Nafarroa Garaia es aún peor, donde únicamente existe la ley de creación de la NUP/UPNA en lo referido al ámbito universitario.
En este sentido, la LOSU no supondría cambios y, en algunos aspectos, incluso un retroceso. Aunque se aprecia un lenguaje progresista en la exposición de motivos de la ley, será de nuevo una ley centralista que pasará por encima de la identidad y realidad propia de Euskal Herria y de las demás naciones.
Como pueblo, Euskal Herria necesita una ley universitaria propia y esta ley para regular nuestra universidad debe definirse en Euskal Herria. Mientras se nos niegue como pueblo esta posibilidad, no posemos sino considerar como impuesta la LOSU que próximamente será aprobada. Del mismo modo, las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores de la universidad, al igual que las del resto de trabajadoras/es, debe definirse en Euskal Herria, reivindicando y construyendo nuestro ámbito laboral propio.
A pesar de ello y aunque sea una ley impuesta y ajena, debemos analizar el contenido de la misma para conocer los cambios concretos que conllevará y para, mientras se desarrolla la discusión en Madrid, difundir nuestra lectura, peticiones y reivindicaciones.
La LOSU continuará marginando la vía laboral
Desde LAB hemos defendido históricamente disponer de una normativa propia en materia de relaciones laborales, gestionado y financiado en Euskal Herria, frente al modelo centralista funcionarial estatal que gestiona desde Madrid las competencias sobre el personal funcionario. Si bien durante las últimas dos décadas se ha logrado desarrollar las figuras laborales y equipararlas a la funcionariales en muchos aspectos, se mantienen todavía algunas discriminaciones. El mínimo de un 51% de personal docente-investigador funcionario impuesto por la ley española ha venido condicionando la creación de nuevas plazas en la UPV/EHU y, como consecuencia de ello, los diferentes equipos rectorales han impulsado la transformación de plazas de profesorado agregado a titular para cumplir con la ley. Ello ha supuesto consumir todos los años plazas de nueva creación la OPE para transformar plazas permanentes (agregado) en otras plazas también permanentes (titular) que no suponen promoción, todo ello en perjuicio de profesorado temporal acreditado para plazas permanentes.
En la NUP/UPNA, a diferencia de la UPV/EHU, no se han desarrollado figuras laborales permanentes que posibiliten la estabilización de la plantilla. Además, la tasa de reposición ha afectado notablemente la creación de plazas permanente, estando la NUP/UPNA muy lejos del citado porcentaje establecido por ley.
Aunque el argumento esgrimido para defender el aumento del porcentaje de funcionarios al 55% sea el disminuir la precariedad que sufren diversas figuras laborales (lo cual es cierto que puede tener efectos positivos para muchas/os trabajadoras/es de la mayoría de comunidades del Estado, incluida la CFN), la realidad de la CAV es diferente. Debido a los acuerdos logrados en gran medida por la lucha sindical, la ley de la CAV recoge la equiparación de las figuras laborales y funcionariales (aunque el sueldo base del profesorado universitario todavía sea menor que el del profesorado de enseñanza secundaria, derivado de las tablas salariales aplicadas a nivel estatal al personal funcionario). Por ello, el establecimiento de un mínimo del 55% de personal funcionario sobre el total de la plantilla supondría un retroceso evidente en el caso de la UPV/EHU, afectando gravemente la vía laboral. Ello provocaría un aumento de la presión dentro de la universidad para que el personal docente e investigador se convirtiese en funcionario. Esta medida es uno de los ejemplos más claros del mencionado centralismo.
En la NUP/UPNA, el aumentar el porcentaje teórico de funcionarias/os tampoco supone necesariamente un avance. Por ello, LAB defiende la creación de figuras laborales que se gestionen desde Nafarroa, abriendo así el camino a mejorar las condiciones laborales sin el condicionamiento impuesto desde Madrid.
Otra de las propuestas progresistas recogidas en el anteproyecto de la LOSU es la consideración de los méritos en vez de la categoría para poder presentarse a rector/a, pudiendo optar a dicho cargo las/os trabajadoras/es con 3 quinquenios, 3 sexenios y 4 años de experiencia en cargos unipersonales). Sin embargo, esta posibilidad se limita al personal funcionario, negándosela al profesorado agregado/contratado doctor y al profesorado pleno (equivalente a catedrático) de la UPV/EHU.
En esta dicotomía funcionarial-laboral, la LOSU dejará en una preocupante indefinición el futuro de las figuras laborales, sumiendo al personal docente e investigador que ha optado por esa vía en una situación de incertidumbre sobre sus posibilidades de promoción.
Por todo ello, frente a la funcionarización impuesta por el Estado, debemos denunciar el planteamiento que recoge la LOSU sobre este tema, defender las figuras propias en la UPV/EHU y abrir el camino a las figuras laborales propias en Nafarroa.
El modelo de gobernanza seguirá sin democratizarse y aumentará la subordinación
Las leyes universitarias estatales han impuesto históricamente un sistema muy jerarquizado, otorgando al personal docente e investigador permanente la mayoría de la representación y minorizando la de otros colectivos (si bien ello está establecido por ley, es necesario indicar que con los Estatutos de la UPV/EHU se fue más allá, restringiendo la representación del personal docente e investigador no permanente hasta un 2,09%…). La LOSU será una ley continuista que mantendrá la mayoría del personal docente e investigador permanente en el Claustro y en el Consejo de Gobierno, aunque diste mucho de ser mayoría numérica, sin equilibrar ni democratizar la representación de los diferentes colectivos universitarios.
La universidad continuará siendo una institución muy jerarquizada, con un Claustro con unas competencias bastante mermadas, con una participación muy limitada y con unas mínimas posibilidades de poder materializar cambios. Es necesario democratizar tanto un claustro Claustro que debiera ser el máximo órgano de decisión de la universidad como un Consejo de Gobierno que resulta clave para el funcionamiento de la universidad, transformándolos en espacios abiertos a una verdadera discusión y participación. La LOSU no supone avances en este sentido, si bien es cierto que existe tanto en la propia UPV/EHU como en la NUP/UPNA un margen evidente para mejorar tanto el sistema de representación como la participación. En este sentido, el reto también es hacer frente a los poderes fácticos internos de cada universidad.
El anteproyecto de LOSU trae un cambio: el incremento de la representación del Consejo Social en el Consejo de Gobierno hasta, como mínimo, un 10% de la representación total. Aunque lo definan como el punto de encuentro entre la universidad y la sociedad, su composición se decide fuera de la universidad y queda en manos de la asamblea de la comunidad autónoma la elección de la mayoría de miembros, siendo la representación de la universidad muy escasa (a día de hoy, de 26 miembros 6 de la UPV/EHU y de 20 miembros 6 de la NUP/UPNA). Con el aumento de la presencia del Consejo Social se busca un mayor control de las universidades. Pero, más allá de ello y como se ha visto con diversos temas (por ejemplo, la dilación en las convocatorias de complementos para el personal de la UPV/EHU), se busca también aumentar el poder para condicionar decisiones que afectan a la comunidad universitaria. Y no es precisamente para responder a los intereses de la UPV/EHU y la NUP/UPNA ni a los de la sociedad, sino para responder a los intereses de otros actores (patronal y grandes empresas privadas, educación privada religiosa, ligados a la industria armamentística…). El fortalecer la presencia del Consejo Social no conllevará estrechar la relación entre la sociedad y la UPV/EHU o la NUP/UPNA ni responder mejor a sus respectivas necesidades. Aunque pueda quedar bonito en sobre el papel, en la práctica las lógicas son muy diferentes. En este sentido, LAB se compromete a defender una mayor presencia de las universidades y de los movimientos sociales y culturales, con el fin de lograr una composición más democrática del Consejo Social.
Algunos aspectos positivos (aunque sin garantías de financiación) en las condiciones del personal docente e investigador, y bastantes dudas también…
La LOSU recoge la necesidad de disminuir las cifras de profesorado temporal, estableciendo algunos objetivos para la estabilización del mismo. Por un lado, se dispone que las/os trabajadoras/es temporales (con la excepción del profesorado asociado de ciencias de la salud) no superen el 20%. Por otro lado, se establece que, cuando el porcentaje de profesorado asociado sea superior al 15% del total de personal docente e investigador (lo cual se sobrepasa ampliamente en numerosas universidades a nivel del Estado español, incluida la NUP/UPNA), el 15% de las plazas que salgan a concurso dentro de las OPEs se reserven para profesorado que ocupe estas plazas, con los requisitos de ser doctor/a, estar acreditada/o y disponer de 5 años de experiencia universitaria. Si bien estas medidas pueden considerarse positivas, no se aclara un punto clave: cómo se afrontarán las necesidades de financiación que supondrán todos estos cambios. Y sabemos más que de sobra que la utilización de estas figuras a tiempo parcial están íntimamente ligadas al ahorro de dinero. Las/os “falsas/os asociadas/os”, junto con el personal laboral interino a tiempo parcial, se utilizan como recurso tramposo para asegurar la docencia de forma barata, pagando salarios de miseria a muchas/os trabajadoras/es.
Además de la financiación necesaria para la estabilización y dignificación de tantos puestos de trabajo, en el anteproyecto se menciona el aumento de financiación pública. Sin embargo, no se especifica cómo ni a cargo de qué se materializará dicho incremento, ni a cuánto ascendería el montante a aportar desde las arcas públicas para poder financiar las universidades y el sistema universitario proyectado.
Otra medida que crea preocupación en relación a las condiciones laborales es el requisito de 9 meses en otra universidad o centro de investigación para poder lograr una plaza permanente. Aunque en el texto se contemplan diversas situaciones eximentes, se mantiene la incertidumbre sobre cómo se aplicaría de cara a la conciliación y sobre la brecha que puede suponer para la carrera profesional de las mujeres.
¿Y el euskara?
Respecto a nuestra lengua, no hay grandes cambios en el anteproyecto de ley. Aunque en el texto se menciona la posibilidad de una financiación adicional por necesidades singulares, incluyéndose entre las mismas la pluralidad lingüística de los programas, incluyendo las lenguas oficiales, no se especifica más. La LOSU no ofrece de ninguna manera más garantías al euskara. En ninguna parte se recoge un porcentaje mínimo en los programas de estudio, ni un nivel mínimo de conocimiento o porcentaje para el personal ni para los tribunales de las oposiciones. Los derechos lingüísticos citados en otras leyes y normas continuarán sobre el papel, pero los obstáculos y falta de medios y voluntad harán que dichos derechos continúen únicamente recogidos en el papel…
Debemos continuar luchando por un modelo propio de universidad para Euskal Herria y defendiendo los derechos de las/os trabajadoras/es, para que el impacto de los aspectos negativos de la nueva ley sean los mínimos posibles.
Es necesario que las/os trabajadoras/es de la UPV/EHU y la NUP/UPNA conozcamos lo que traerá esta ley, reflexionemos sobre ello y estemos atentas/os. Como hemos dicho, la LOSU no estará hecha para responder a la realidad y a las necesidades de Euskal Herria y, mientras seamos soberanas/os para construir el ámbito universitario propio para Euskal Herria, no podremos evitar la imposición de esta ley en Hego Euskal Herria. Sin embargo, no podemos permaneces impasibles a la espera de la implanten. Debemos realizar una defensa férrea de la necesidad de un modelo propio y de la equiparación de la vía laboral y la funcionarial, intentando además minimizar los aspectos más lesivos de esta ley.
Las direcciones de la UPV/EHU y la NUP/UPNA tienen una notoria responsabilidad en este tema y deben valerse de las relaciones que mantienen con otras instituciones y actores y de su presencia en diversas entidades (como la CRUE) para hacer presión. En este sentido, desde LAB realizamos estas peticiones a las direcciones de la UPV/EHU y la NUP/UPNA:
- Que defiendan la autonomía universitaria frente al control político desde fuera. En este sentido, deberían defender una composición más democrática del Consejo Social, con una mayor presencia de la universidad y asegurando asimismo la presencia de los movimientos sociales y culturales. Del mismo modo, les pedimos que se opongan a incrementar la representación del Consejo Social en el Consejo de Gobierno.
- Que se defienda la vía laboral en la UPV/EHU, rechazando el porcentaje de personal funcionario que pretenden imponer y garantizando que los derechos de las/os trabajadoras/es que han elegido esta vía no sean menos que los del personal funcionario. Aquí ubicaríamos también la defensa de que el personal docente e investigador laboral que cumpla los requisitos exigidos para el personal funcionario pueda también presentarse a rector/a.
- Que se avance en la creación e implementación de una figura laboral permanente en Nafarroa, abriendo un camino que no sea obstaculizado por Madrid y posibilitando la mejora de las condiciones laborales.
- Deben solicitar la financiación pública que necesitan la UPV/EHU y la NUP/UPNA así como pedir que se especifique en la ley el gasto de financiación que se debería lograr para el sistema universitario para los próximos 10 años. Si no hay financiación suficiente para abordar todas las actividades asignadas a la universidad (docencia, investigación, innovación, transferencia) no es posible construir una universidad de calidad ni crear y mantener puestos de trabajo con unas condiciones laborales dignas.
- Hay que reivindicar un ámbito universitario y un marco de investigación vasco propios que respondan a los retos y necesidades de Euskal Herria, euskaldunes y, al mismo tiempo, abiertos al mundo. Que, frente a la mercantilización del conocimiento, impulsen el saber y el pensamiento crítico. En este sentido, tanto las universidades como el Gobierno Vasco, el Gobierno Navarro y la Mancomunidad de Ipar Euskal Herria deberían fomentar el trabajo común entre las universidades de la CAV, la CFN e Ipar Euskal Herria así como la constitución de itinerarios comunes.
Del mismo modo, pedimos a todos los partidos políticos vascos con representación en Madrid que presionen en defensa del sistema universitario vasco. Les solicitamos que defiendan la vía laboral, con el fin de que no se vea perjudicada por la LOSU, así como que luchen por traer a la CAV y la CFN la transferencia del personal docente e investigador funcionario. En último término, que reivindiquen que las condiciones laborales de las/os trabajadoras/es vascas/os se regulen en Euskal Herria. Asimismo, les pedimos que defiendan la autonomía universitaria y que luchen porque se incluya en la ley el incremento de la financiación pública a las universidades.
Ahora es el momento para hacer público nuestro mensaje frente a la LOSU y nuestras reivindicaciones.
Por encima de las imposiciones, Euskal Herria necesita una ley universitaria propia y soberana para su ámbito universitario.
