Se ha abierto un debate en torno al acuerdo educativo en la CAV y se han puesto en marcha iniciativas para extender la reflexión a toda Euskal Herria. Este documento recoge la lectura que hace LAB al respecto así como sus propuestas.
Acuerdo educativo en la CAV: aprovechemos la oportunidad
Con el objetivo de hacer una aportación constructiva ante los problemas, bloqueos y disputas que se detectaban en el ámbito educativo de Euskal Herria, LAB lanzó hace tres años la propuesta de “Escuela Pública Comunitaria Vasca” con el fin de la consecución de un sistema educativo propio y soberano para Euskal Herria. La propuesta se resume en las siguientes bases:
- Necesidad de superar el sistema educativo dual, los modelos lingüísticos y todas las formas de segregación.
- Horizonte: la escuela pública comunitaria vasca. Una red única de escuelas comunitarias arraigadas en pueblos y barrios basadas en la autonomía y la participación, surgida de la confluencia. De titularidad pública y participación comunitaria (tanto de la comunidad educativa como de la sociedad de su entorno). Basada en el currículum vasco.
- Escenario intermedio: medidas para acabar con toda segregación y garantizar a toda la ciudadanía una educación euskaldun, feminista, laica, inclusiva e igualitaria. Que sea el Ayuntamiento o la Mancomunidad quien ostente la competencia en la gestión de la educación de 0 a 18 años, el titular de los centros, mientras que la comunidad educativa es el sujeto del proyecto educativo.
En esa época parecía que lo que reivindicábamos no era posible. Y hoy escuchamos a las instituciones y partidos políticos de la CAV hablar de medidas similares a las que definíamos en ese escenario intermedio. Valoramos positivamente la apertura del debate, aunque existen matices significativos entre unos agentes y otros. Vemos claramente que los conceptos a los que se está haciendo referencia pueden ser utilizados desde interpretaciones divergentes. Por ejemplo, se podría apostar por la descentralización de los recursos económicos desde una perspectiva transformadora (para fomentar la horizontalidad, la participación y la transparencia) o neoliberal (un modelo gerencial de gestión y competitividad bajo estándares de calidad).
De este modo, la apertura del debate en la CAV sobre el acuerdo educativo lo vemos como una oportunidad para quienes queremos transformar la educación. Pero también somos conscientes de que el acuerdo educativo será, en gran medida, fruto de las relaciones de fuerza entre los diferentes enfoques educativos.
Está en juego la posibilidad de transformar el modelo y la organización del sistema educativo no universitario de 0 a 18 años. Especialmente en un contexto de descenso de la natalidad y caída de la matriculación. Por eso, entendemos la posibilidad de abrir el debate como un pulso, como un marco de lucha, donde nos toca llegar a un acuerdo que defienda los intereses de las trabajadoras y los trabajadores. Porque nadie más lo hará.
Nuestro objetivo es, por tanto, activar las fuerzas euskaltzales, feministas, de izquierdas, antirracistas y transformadoras para que el acuerdo educativo se acerque lo más posible a ese horizonte de la escuela pública comunitaria vasca. No nos vamos a conformar con perpetuar la situación actual.
En este sentido, damos mucha importancia al papel que debe jugar en este debate la comunidad educativa en general y el personal educativo en particular. Solicitaremos y aprovecharemos los espacios de participación para lanzar nuestras propuestas. Asimismo, estableceremos relaciones con el resto de agentes educativos y sindicatos para buscar consensos y luchar en la misma dirección. Siempre sobre la base de nuestra autonomía.
En lo que se refiere a la organización educativa, estas son nuestras principales reivindicaciones:
- Adoptar medidas para superar todo tipo de segregación, entre otras, establecer un procedimiento unificado que garantice el control público de la planificación municipal y proceso de escolarización. Este procedimiento unificado planificará la matriculación y escolarización del alumnado en escuelas de distinta titularidad ubicadas en el municipio y que reciban financiación pública. Garantizar la gratuidad real, eliminando cuotas, y desarrollar un modelo de inmersión y mantenimiento del euskera.
- Aplicar en todas las escuelas una descentralización equilibrada que se gestione a nivel municipal. Hablamos de descentralizar el poder y los recursos, de distribuir los recursos a los centros de forma equilibrada. En este sentido, en la actualidad es prioritario dotar de recursos a la escuela pública y estabilizar las plantillas de los diversos colectivos de trabajadoras y trabajadores. Descentralización para que los centros puedan desarrollar proyectos educativos sostenibles, autónomos, participativos y eficaces, siendo la comunidad educativa el sujeto del proyecto pedagógico.
- Finalizar la concertación universal; de acuerdo con el actual sistema de concertación, la financiación pública no tiene ninguna limitación. Planteamos definir y hacer seguimiento de los criterios a cumplir en todos los centros educativos que reciben financiación pública: euskaldunizacion (estableciendo un itinerario tasado para el modelo D a quienes no lo aplican), coeducación, laicidad, inclusión, currículum vasco e igualdad de oportunidades. Las necesidades educativas básicas del alumnado (que responden y se asocian al ámbito social, al bienestar físico y psíquico, y académico, la autonomía en el desarrollo, el juego, las emociones, la seguridad afectiva, la naturaleza, la experimentación, el lenguaje, el conocimiento, la alimentación, el cuerpo, las relaciones y el pensamiento crítico) -y exclusivamente éstas- se financiarán al 100%, atendiendo a criterios equilibradores, que favorecerán más a quienes se encuentran en condiciones sociales más difíciles. No se podrán utilizar fuentes adicionales de financiación, ya que puede ser una variable de desigualdad. Se tendrán que poner a disposición del resto de centros escolares de ese municipio los recursos adicionales de los centros que forman parte de este sistema.
- Garantizar la intervención pública en la titularidad de los centros que reciben financiación pública, de forma que el ayuntamiento o la mancomunidad participe también en la titularidad de los centros, formando parte de la propiedad del centro. Así, en el camino hacia una red única, a modo de transición, habría dos tipos de titularidad: por un lado, las escuelas públicas autónomas, y, por otro, las escuelas de titularidad mixta (en las que el ayuntamiento/ mancomunidad forma parte de la propiedad de los centros). Asimismo, si concluyera la actividad de las escuelas mixtas que reciben financiación pública, mediante el establecimiento de cláusulas concretas, sus infraestructuras deberían pasar a formar parte del del patrimonio educativo público, cerrando la puerta a la posibilidad de especulación.
- Aumento de la inversión en educación y reducción de ratios y cargas de trabajo en todos los colectivos de trabajadores y trabajadoras. La inversión debe ir dirigida a aumentar la calidad de los procesos educativos, no sólo a aliviar las cargas de trabajo, por ello, debe invertirse tanto en innovaciones basadas en pedagogías críticas como en formación y recursos materiales correspondientes a áreas estratégicas (modelo de inmersión-pedagogía feminista-inclusión).
Con respecto a las trabajadoras y trabajadores:
- Reconocimiento de todas las tareas educativas. Hay que reconocer el valor a todos los trabajos del proceso educativo (profesorado, personal de educación infantil, educación especial, cocina, limpieza, portería o administración, así como monitores y monitoras de comedor, etc.) y de todas las etapas educativas (desde el ciclo 0-3 hasta Bachiller). Por un lado, es necesario renovar el compromiso entre la sociedad y el personal educativo para colaborar en la labor estratégica de la educación. Por otro lado, hay que corregir las desigualdades y desequilibrios entre los colectivos de trabajadoras y trabajadores de la educación, con un reconocimiento público de los trabajos invisibilizados.
- Para que la labor educativa pueda desarrollarse de manera eficaz, las instituciones deben garantizar las herramientas necesarias como la estabilidad y consolidación del personal, acabar con la subcontratación, descenso de ratios, formación continua (prioritariamente: estrategias de euskaldunización efectiva, programas de inmersión escolar para el alumnado migrante, inclusión y tratamiento de la diversidad, coeducación, pedagogías de innovación) y medidas de conciliación.
- Deberá diseñarse un sistema que establezca una misma formación, acceso y condiciones de trabajo para todo el personal educativo. En cuanto al acceso, es necesario garantizar la igualdad de oportunidades, la transparencia del proceso y el control público de la contratación (de la comunidad educativa) y la supervisión sindical para seleccionar a las personas candidatas basándose en las capacidades y los méritos aportados. El acceso debe ser único y la contratación se realizará de forma descentralizada por la administración. La comunidad educativa definirá los perfiles adecuados para el desarrollo de su proyecto educativo.
- Medidas laborales prioritarias para el ámbito público:
– Por un lado, la ampliación y adecuación de las RPT (relaciones de puestos de trabajo) necesarias en los diferentes colectivos de trabajadores y trabajadoras, garantizando que tengan perfil en euskera. En este sentido, urge, además, acabar con la temporalidad, culminar los procesos de consolidación y cambiar totalmente los modelos de OPE.
– Por otro lado, es imprescindible la renovación consensuada de los convenios laborales que han quedado obsoletos, en los que además de las medidas ya mencionadas (reducción de las cargas de trabajo y ratios, medidas para la conciliación, medidas para acabar con la privatización, formación continua…) se llevarán a cabo planes de rejuvenecimiento, reconocimiento del trabajo de todo el personal de educación (especialmente de quienes pertenecen a colectivos más feminizados y precarizados), equiparación salarial (igual trabajo, igual salario) y evaluaciones de riesgos laborales y adaptaciones. - Medidas laborales prioritarias con respecto al personal de los centros concertados de iniciativa social e ikastolas que confluyan en el nuevo sistema educativo:
– Medidas para la homologación y equiparación de las condiciones de trabajo del personal de los centros concertados con las del personal del sector público. Junto a ello, transparencia en las contrataciones, formación de las plantillas, competencia en euskera y laicidad.