Una vez más, ayer nos despertamos con una operación policial. Esta vez la Guardia civil ha detenido a tres estudiantes de la UPV/EHU y ha registrado los locales del alumnado en las facultades de Letras, Farmacia y Relaciones laborales y trabajo social, llevándose material diverso (ordenadores, carteles, documentos, etc.).
La orden provenía de la Audiencia nacional y, según la información publicada en algunos medios, estaría relacionada con el homenaje al fallecido miembro de ETA Zigor Aranbarri, durante el Gudari eguna del 27 de septiembre de 2017. Les imputan los manidos e inconcretos delitos de “enaltecimiento del terrorismo” y “humillación a las víctimas”.
Desde la sección sindical de LAB en la UPV/EHU queremos denunciar esta operación represiva y hacer llegar nuestra solidaridad al alumnado que ha sido detenido y a sus familiares. De nuevo, queda patente la nostalgia del pasado que tienen algunos/as. Cuando carecen de argumentos y de propuesta democrática, la violencia es lo único que les queda. La represión padecida históricamente en Euskal Herria se mantiene presente con estos ataques. Las detenciones y registros realizados de madrugada siguen estando de actualidad. En estos tiempos en los que se aprecian tímidas señales que permiten albergar una prudente esperanza, operaciones como la de hoy nos recuerdan, una vez más, la verdadera naturaleza del Estado español y su proyecto para Euskal Herria: vulneración de derechos y criminalización de quienes cuestionen su relato, utilizando presuntos delitos fabricados a medida.
La presencia policial en los campus de la UPV/EHU no es nueva. Si bien en este caso la ha protagonizado la Guardia civil, han sido varias las ocasiones en que ha irrumpido la Ertzaintza en los terrenos e instalaciones de la UPV/EHU. La última, sin ninguna orden ni, al parecer, autorización de la UPV/EHU, el 16/03/2017. En esta ocasión la operación se ha desarrollado a altas horas de la madrugada, antes de la llegada del personal trabajador y del alumnado, y sin comunicación previa a las direcciones de los centros. Los únicos testigos de los registros han sido los vigilantes jurados. Esto pone en evidencia la falta de garantías de estos registros y enciende nuestras dudas: ¿Ha autorizado el responsable de seguridad de la UPV/EHU estos registros? ¿Que el Servicio de Seguridad abra las puertas de la UPV/EHU a la Guardia Civil (al parecer, sin darlo a conocer a ningún responsable de la Dirección universitaria) está recogido en alguno de los protocolos negociados por la UPV/EHU con la Ertzaintza cuyos términos son desconocidos?
No podemos aceptar que la Guardia Civil ni ningún otro cuerpo policial irrumpa en nuestra universidad cuando y como quieran, ni su misma presencia. En este sentido, exigimos a la dirección de la UPV/EHU que defienda el espacio universitario, su autonomía y los derechos del alumnado, porque no es suficiente «pedir explicaciones» y mostrar «preocupación» por unas actuaciones que ellos mismos consideran de «extrema gravedad». Que se aseguren las mínimas garantías y derechos y defenderlos de una manera firme es lo mínimo que se les puede pedir.
En defensa de las garantías y derechos básicos
¡Fuera la Guardia Civil de la Universidad!
No los queremos. No los necesitamos
