Cuando hemos entrado ya en 6ª semana de encierro motivada por la crisis de la COVID-19, los gobiernos comienzan a planear un proceso de salida escalonada hacia “una nueva normalidad”. De hecho, a pesar de que el Gobierno español ha prorrogado la situación de emergencia hasta el 10 de mayo, desde los medios de comunicación se ha empezado a hablar de “desescalada” y muchas trabajadoras y trabajadores han vuelto ya a su actividad habitual incluso sin contar con medidas que garanticen su salud laboral.
Sin entrar en el debate sobre si estamos en el final del estado de alarma o en el inicio de la desescalada, en las últimas semanas hemos comprobado cómo la improvisación, el seguidismo a las directrices marcadas por Madrid y el deseo de volver cuanto antes a la “normalidad económica” han guiado la gestión del Gobierno Vasco y del PNV en esta crisis.
En este contexto, también en la UPV/EHU se ha anunciado un plan de retorno paulatino a las tareas presenciales. La sección sindical de LAB exige a la rectora que garantice la salud de todo el personal. Esta garantía es, en esta situación excepcional, condición indispensable para poder prestar con total seguridad el servicio público, así como para no frustrar los resultados conseguidos con el encierro. Para ello, es imprescindible realizar TEST PCR previos fiables a todas las personas que tengan que realizar un trabajo presencial. La implementación de esta medida es posible, ya que la UPV/EHU dispone de recursos suficientes para llevarla a cabo.
Sospechamos, sin embargo, que el mismo enfoque productivista que dominó el proceso de cierre de los centros educativos, incluidas las universidades, e impulsó el paso de la enseñanza presencial a la telemática, va a guiar el “retorno” que ahora se propone. El Gobierno Vasco y, especialmente el PNV, tienen que demostrar que en el oasis vasco estamos en condiciones de volver a la normalidad, y para ello, junto con la puesta en marcha de la industria, deben abrir las escuelas y la universidad lo antes posible y demostrar que el virus está controlado. Por su parte, personas y entidades reconocidas del ámbito de la salud han dejado claro que para conocer el comportamiento del virus debemos saber el número de personas infectadas e inmunizadas, y para ello los test son las herramientas más adecuadas.
Y hablando de test, un grupo de investigación bajo liderazgo de la PV/EHU ha conseguido uno, barato fácil y rápido de hacer (no somos expertas, pero según explicó un miembro del grupo, es un test que se puede realizar en muchos laboratorios). Aunque la noticia del test se anunció hace diez días, incomprensiblemente aún no está en marcha, y según las últimas noticias, en vez de 10.000 test/día sólo se prevén 500. Por su parte, en lugar de poner en valor la investigación realizada por la universidad pública, las autoridades vascas han anunciado una inversión ingente en maquinaria para la fabricación de mascarillas, que alimentará una industria garante del “desarrollo económico”. A pesar de que voces expertas no avalan la eficacia de las mascarillas, parece que esta es la opción del Gobierno Vasco (y de unos test comprados adquiridos en el extranjero no sabemos bajo qué gestión) y, junto a ello, queda bajo responsabilidad “personal” tomar medidas para evitar el contagio.
La situación de alarma no ha eliminado los derechos laborales de los trabajadores y de las trabajadoras, por lo que la UPV/EHU debe tener claro que cualquier retorno a la “normalidad” debe estar basado en la negociación sindical, y que no vamos a aceptar medidas que comprometan la salud y la seguridad laboral. Están en juego nuestras vidas y las de nuestro entorno.