Gracias, entre otros, al trabajo de Steilas y LAB, el pasado 25 de octubre el pleno del Consejo Social ratificó la convocatoria de Complementos de 2017, la cual, como sabéis, establecía un plazo más reducido para la solicitud de tramos C. De ese modo se hacía posible su tramitación completa antes de fin de año, pudiendo así comenzar a abonarse a partir del próximo enero de 2018. Esto mismo, es decir, la evaluación separada de los complementos C y de los complementos A y B se hizo ya en las convocatorias de 2015 y 2016.
Bajo este planteamiento, la UPV/EHU procedió a enviar de inmediato la documentación pertinente sobre los complementos C a Unibasq, para que ésta preparase los preceptivos informes directamente, ya que estos tramos no requieren de evaluación externa. Pero acabamos de conocer que Unibasq ha comunicado que no cumplirá los plazos fijados, esgrimiendo como justificación el desacuerdo del Gobierno Vasco con el procedimiento aprobado por el Consejo Social, máximo órgano al que compete realizar la convocatoria de complementos.
Al romperse la dinámica establecida en las convocatorias anteriores, cada uno de las y los 279 profesores-investigadores solicitantes dejará de percibir entre 1.625€ y 3.750 €. Pero queremos señalar también que esta es una decisión que tiene, además, graves consecuencias sociales y políticas, puesto que a la profundización de la desigualdad entre el PDI se le suma una grave deslegitimación de las propias instituciones universitarias.
Así pues, por un lado queremos y debemos denunciar la actitud del Gobierno Vasco, que obstruye, obstaculiza e interviene de forma interesada la actuación institucional de los organismos que el propio Parlamento vasco ha aprobado para la gestión universitaria, en este caso el Consejo Social y la agencia Unibasq. Es indignante comprobar hasta qué punto es capaz de poner en cuestión la legitimidad de estas instituciones con el único fin de ahorrarse los tramos C de un año.
Pero por otro lado, también tenemos que reprobar con firmeza la decisión adoptada por Unibasq. Entre sus cometidos está el de realizar la evaluación neutral del trabajo del PDI, tal y como señala la Ley 13/2012, de Unibasq, art. 4.2: “La agencia, en el desempeño de sus actividades de evaluación, acreditación y certificación, debe actuar con total independencia y objetividad”. Y de ese modo es como le exigimos que realice su trabajo, sin injerencias del Gobierno Vasco.
Gobierno Vasco: ¡Basta de jugar con el sueldo de las trabajadoras y los trabajadores!
¡Por una Universidad Pública Vasca de calidad!
