Introducción
El 30 de marzo se celebran las Elecciones Sindicales para elegir la representación del personal en la UPV/EHU durante los próximos cuatro años. Desde 2019 han pasado muchas cosas; vivimos una época de fuertes convulsiones (pandemia del COVID 19, aumento del fascismo en Europa, aumento de los movimientos migratorios, guerra de Ucrania) y aprovechando esta confusión, hay quien ha intentado imponer las medidas más neoliberales, incluso en la universidad. Frente a ello, el clamor y las luchas por los derechos de los y las trabajadoras son más necesarios que nunca.
En el contexto textual, la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora y el desmantelamiento de los servicios públicos son los efectos de la crisis sistémica. Mientras se da un aumento de los beneficios del capital, de los bancos y de las grandes corporaciones, se ha acentuado la precariedad y el empobrecimiento de las trabajadoras y de los trabajadores. Hoy, tener empleo no garantiza el derecho a una vida digna. Frente a ello, son evidentes las limitaciones y la dejadez de las administraciones públicas, entre ellas la del Gobierno Vasco.
Por otro lado, la centralización impuesta desde Madrid de las relaciones laborales ha perjudicado nuestras condiciones de trabajo. Seguimos sufriendo las consecuencias de la reforma laboral y las nuevas reformas han sido contraproducentes: el pacto social sobre la jubilación es solo un ejemplo del discurso ultra liberal que inspiran las imposiciones del estado. Frente a ello, LAB mantiene su reivindicación de un marco propio de relaciones laborales y protección social vasco.
Asimismo, la dinámica de destrucción de los Servicios Públicos va extendiéndose y la Ley del Empleado Público Vasco es un claro exponente de ello. La Ley de Gobierno Vasco se ajusta a los preceptos y criterios generales del Estado y en definitiva no es más que una lectura de la norma estatal. Esto provoca que no se hayan implementado medidas para dignificar el empleo público ni tampoco para evitar la pérdida de poder adquisitivo.
Asimismo, las medidas impuestas desde Madrid para estabilizar las plantillas y consolidar los puestos de trabajo han sido insuficientes y hoy por hoy no reconocen los derechos del personal temporal.