No sabemos si el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación tiene previsto publicar un listado de FAQ (Frequent Asked Questions) sobre el anteproyecto de Ley vasca de universidades. Tras un análisis exhaustivo del anteproyecto , ver los recursos presentados por LAB , nos preocupa tanto la orientación general de la ley como muchos otros aspectos. Diríamos que, más que FAQ, hay muchas FUCK (Frequely Unexplained Controversial Keys) sobre la mesa. A continuación, exponemos algunas de ellas.
Aunque la LOSU establece que la financiación de las universidades públicas para 2023 debe alcanzar, al menos, el 1% del PIB, en el anteproyecto no se menciona ningún porcentaje o cifra… No se garantiza de ninguna manera la financiación necesaria para la EHU. Es más, el texto vincula en cierta medida la financiación de la universidad pública a la captación de recursos externos. Así, se puede reducir la aportación ordinaria y culpar a la universidad por no conseguir suficientes fondos externos.
En las convocatorias de financiación de la CAV, la EHU compite con centros privados que se mueven en el modelo «financiación pública-gestión privada». Estos centros privados, habitualmente reciben una parte importante de los fondos de las convocatorias que por su tamaño no les corresponde…
El debilitamiento de la universidad pública es previsible con esta visión del Gobierno Vasco que refuerza el modelo mercantilista y elitista.
El anteproyecto presenta una importante discrepancia entre sus versiones lingüísticas. En la versión en euskera se considera imprescindible una estancia de 2 años («dos años de formación postdoctoral en un centro internacional de investigación de prestigio en el ámbito del conocimiento del profesor/a») y, en la versión en castellano, estancias de 4 años («periodo posdoctoral de formación de dos años tras una estancia de dos en un centro de investigación o universidad de prestigio internacional en su campo»).
Además de esta contradicción, y sin entrar en el debate de la duración de las estancias, en el anteproyecto se afirma que dichas estancias deben ser financiadas: «El departamento competente en materia de universidades proporcionará las ayudas necesarias para sufragar los gastos del personal docente e investigador que realice las estancias en centros o universidades de prestigio internacional».
Sin embargo, surgen múltiples dudas: ¿se financiarán todas las estancias? ¿Qué conceptos cubrirán estas ayudas? ¿Incluirán los desplazamientos, alojamiento, manutención y otros gastos inevitables asociados a la estancia? Dado el elevado coste económico que supondrán estas estancias y considerando que serán un requisito imprescindible para la estabilización, ¿Se incluirán en la aportación ordinaria del Gobierno Vasco? ¿Tendrá reflejo en los presupuestos de la EHU el coste derivado de la contratación de personal docente sustituto para cubrir la docencia del profesorado en estancias?
En el anteproyecto, cuando se hace referencia a las estancias válidas se incluye el término “centro de prestigio”. «¿Qué es ser de prestigio? ¿Qué aspectos definen que una universidad o un centro de investigación sea o no de prestigio? ¿Quién determinará qué es de prestigio? ¿Unibasq, acaso…? ¿Qué vías tendrá la comunidad universitaria para participar en la definición de estos criterios? ¿Se tendrá en cuenta para la obtención de acreditaciones y/o complementos la estancia en un centro que no forme parte de los centros de prestigio enumerados por ese «alguien» que no conocemos…
Detrás de ese término ostentoso hay demasiados aspectos sin aclarar; entre ellos, quién tomará esa decisión.
En los últimos años, la captación de doctorandos y doctorandas y profesorado en algunas áreas de conocimiento está siendo muy complicada. La baja compensación económica asociada a esa larga y laboriosa trayectoria dificulta notablemente la incorporación de profesorado.
Existe un riesgo evidente de que muchas y muchos jóvenes opten por descartar la vía docente universitaria debido a la obligatoriedad de esa estancia de dos o cuatro años (cuando lo terminen de aclarar). ¿Asegurarán las condiciones necesarias para garantizar el reemplazo generacional de profesorado en la universidad pública? Se detallan las exigencias para culminar el itinerario profesional pero no se detallan los salarios, ni las ayudas, ni las facilidades para la formación. Se definen las exigencias para el PDI de la universidad pública pero apenas para el personal docente e investigador de las universidades privadas.
El anteproyecto plantea la eliminación de la figura del profesorado sustituto, a pesar de que esta modalidad viene utilizándose históricamente en la EHU y está contemplada en la propia LOSU. Según el texto, las sustituciones solo podrán realizarse en situaciones excepcionales y, en cualquier caso, no podrán superar el 2 % del total del profesorado del departamento. Entonces, las vacantes que, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial, venían cubriéndose con personal sustituto, ¿deberá asumirlas el resto de profesorado del departamento? Es decir, en el caso de las vacantes generadas por cargos académicos para 6 años, enfermedades de larga duración, liberaciones sindicales, permisos de cuidado, estancias de investigación… ¿deberá asumir el resto del profesorado todos esos créditos, incluso cuando ya tengan cubierta la totalidad de su capacidad docente?
Asimismo, el saber que una baja médica o un permiso supondrá una sobrecarga para los compañeros y compañeras, ¿Cómo afectaría esta nueva situación en la salud de la plantilla, el desarrollo profesional y el ambiente dentro de los departamentos?
El anteproyecto propone un nuevo sistema de complementos salariales que distingue complementos consolidables y no consolidables. A la vista de los antecedentes existentes (convocatorias suspendidas, convocatorias retrasadas con el objetivo de posponer un año el inicio del pago, oscurantismo de los criterios de Unibasq, artimañas para reducir el número de complementos reconocidos…), la propuesta genera preocupación. El anteproyecto de ley abre la posibilidad de perder complementos ya obtenidos y hace prever mayores dificultades para conseguir nuevos complementos.
Aunque el anteproyecto señala que quienes lo deseen podrán mantener los complementos obtenidos hasta la fecha, no aclara si estas personas podrán presentarse a las convocatorias del nuevo sistema. Se puede intuir un chantaje: puedes conservar los complementos adquiridos renunciando a conseguir más o puedes asumir el riesgo de perder parte de lo ya conseguido para intentar acceder a nuevos complementos.
Si bien a lo largo del texto se realizan algunas referencias a los complementos, no existe mención alguna al salario en todo el anteproyecto. Ni en la exposición de motivos ni en el texto articulado aparecen las palabras “salario” o “sueldo”. Una ley no es una normativa para definir la cuantía de los salarios, pero esa carencia indica claramente la importancia que el Gobierno Vasco otorga a los salarios del PDI de la universidad pública.
Aumentar el nivel de exigencias sí, pero respecto a la subida de salarios una omisión muy llamativa…
El anteproyecto señala que la universidad debe contar con PTGAS suficiente para, en gran medida, apoyar adecuadamente las actividades de investigación. Sin embargo, no hace mención alguna al aumento de la ratio PTGAS/PDI, tan alejada de la ratio de universidades tanto europeas como del Estado español. Tampoco hay mención expresa a la ampliación de la plantilla del PTGAS (ni del PDI).
La apuesta que se percibe es que se va a hacer un esfuerzo para impulsar la investigación, pero no para desarrollar la docencia y otra serie de funciones que en muchos casos recaen en el PDI por falta de PTGAS suficiente.
Asimismo, la falta de mención a la necesidad de una plantilla del PDI suficiente en la universidad pública genera muchas dudas. ¿Estamos a las puertas de aumentar la ratio PTGAS/PDI pero, no por incrementar la plantilla del PTGAS sino a costa de reducir la plantilla del PDI?
En el artículo 114 se indica que se establecerán sistemas para la evaluación de la actividad del PTGAS, pero no se especifica para qué, ni con qué objetivos. Si no es para la carrera profesional, ¿cuál es el objetivo? ¿La intención es implementar una evaluación de naturaleza punitiva?
En el caso de la universidad pública se recoge que “la universidad garantizará el derecho a estudiar y relacionarse en euskera, para lo cual adoptará las medidas necesarias de acuerdo con lo que al respecto se establezca en los Estatutos y planes específicos” y que “la universidad deberá contar con profesorado bilingüe suficiente para que todos los títulos de grado y los másteres habilitantes se cursen en euskera”. Sin embargo, en el caso de las universidades privadas (en el anteproyecto se utiliza el eufemismo “universidades no públicas”), el tratamiento con respecto al euskera es muy distinto: “Las universidades no públicas del Sistema Universitario Vasco fomentarán el uso del euskera en sus actividades”.
Se pretende impulsar el euskera; eso sí, a cuenta de la universidad pública, aunque las privadas también reciban dinero público. En este tema también, laxitud para las universidades privadas…
La presente ley tendrá una incidencia directa en las condiciones de trabajo de todo el personal universitario. Sin embargo, además de la ausencia de negociación durante el periodo de consultas a la que se alude en la orden firmada por el consejero, la única referencia a los sindicatos en el texto completo del anteproyecto se encuentra en la composición del Consejo Social de la EHU. La palabra negociación sólo se menciona una vez, para indicar que el régimen retributivo del PDI distinguido y visitante lo podrán negociar las partes. Los salarios de estas figuras se negocian de forma atomizada con cada trabajador/a, precisamente, para saltarse la negociación colectiva. Otra muestra más de la orientación claramente liberal del Gobierno Vasco.
Para algunos y algunas, los sindicatos parecen ser un obstáculo a la hora de definir las condiciones de trabajo del personal, por lo que prefieren imponer normativas y decisiones desde arriba e intentar excluir a las y los representantes de las trabajadoras.
Estando financiada principalmente con dinero público, no cabe duda que la universidad pública debe estar sometida a un estricto control y fiscalización. Sin embargo, hay aspectos en los que algunas de las disposiciones contenidas en el anteproyecto invaden la autonomía universitaria. La creación de puestos de trabajo debe contar con una dotación presupuestaria previa, pero, habiendo presupuesto, el Gobierno Vasco no debe inmiscuirse en decidir qué tipo de puestos de trabajo o cuántos hay que crear. En el anteproyecto se ve claro el intervencionismo del Gobierno Vasco para controlar a la universidad pública.
En el lado opuesto tenemos las universidades privadas. El anteproyecto contiene 19 páginas sobre la universidad pública pero los artículos sobre universidades privadas apenas abarcan 2 páginas. Marcaje en corto a lo público y actitud de laissez faire con lo privado, en un ecosistema universitario en el que el Gobierno Vasco quiere vendernos la visión “público-no público” como “armónica” y “complementaria».
Este anteproyecto de ley plantea claras amenazas tanto para la universidad pública como para las condiciones laborales del personal de la EHU. Debemos ser conscientes de lo que viene y, frente al modelo mercantilista que pretenden imponer, tenemos que activarnos a favor de la universidad pública y en defensa de unas mejores condiciones laborales. Los próximos meses serán clave. También en este ámbito, LAB seguirá luchando por la universidad pública y sus trabajadoras y trabajadores.