Recientemente hemos recibido la sentencia al recurso presentado por los sindicatos LAB y STEILAS en los juzgados sobre los sexenios. Mediante Resolución del 10 de enero de 2022, del Director de Unibasq, se estableció el procedimiento y el plazo de presentación de solicitudes para la evaluación de la actividad investigadora del profesorado con contrato laboral permanente de la UPV/EHU, aprobados por Acuerdo del Consejo de Gobierno de Unibasq-Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco de 27 de septiembre de 2021. Los sindicatos LAB y STEILAS recurrimos y solicitamos que se permitiera participar en la convocatoria al PDI temporal.
En la sentencia se recoge que la convocatoria de Unibasq es contraria a derecho y se reconoce el derecho a solicitar sexenios de investigación al PDI adjunto y colaborador temporal (aunque no al profesorado asociado). Entre las razones aducidas, cita el principio de no discriminación: «Los trabajadores con contrato de duración determinada no podrán ser tratados de forma menos favorable que los fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, salvo que se justifique un trato diferente por razones objetivas.» Y establece la forma de cumplir con la resolución: “La ejecución de esta sentencia pasará por tanto porque se efectúe una convocatoria específica para que los profesores adjuntos y colaborador temporal puedan acceder a la convocatoria en su momento anunciada y en la que no pudieron participar, de modo que, superada la evaluación correspondiente, puedan percibir el complemento económico procedente que de otro modo les hubiera correspondido.”
Entendemos que Unibasq discriminó a estos colectivos en concreto, y que sigue discriminando a algunos. En cualquier caso, tenemos pocas dudas de que detrás de las decisiones de Unibasq está el Gobierno Vasco, con el visto bueno de los anteriores equipos rectorales de la UPV/EHU. Muchos y muchas PDI, habiendo realizado investigación, han sido discriminados/as durante muchos años, ya que, a pesar de acumular suficientes méritos de investigación, no tenían la oportunidad de que fueran reconocidos. En muchos casos, en el mismo período de tiempo, sus compañeras y compañeros permanentes presentaban esos mismos méritos (por ejemplo, artículos en los que compartían autoría) para solicitar y obtener sexenios. A esta situación se han ido poniendo soluciones parciales de forma progresiva. Al profesorado adjunto que había consumido los cinco años de contrato y ocupaban de forma interina plazas de agregado o titular se le ofreció la oportunidad de solicitar sexenios. Posteriormente, en la convocatoria 2023 se dio la oportunidad al profesorado adjunto y ayudante doctor. Sin embargo, a algunos colectivos que tienen recogida entre sus funciones la realización de investigación, se les sigue negando esta posibilidad.
Como conclusión, ha quedado clara la necesidad de luchar contra las discriminaciones. Lo conseguido no nos lo han regalado. Es el resultado de la presión realizada. Lo conseguido es fruto de la larga dinámica llevada a cabo estos años. Sin las movilizaciones impulsadas por los sindicatos LAB y STEILAS, las denuncias puestas encima de la mesa en diferentes espacios, los comunicados y artículos de opinión, así como el trabajo realizado en los juzgados, no tendríamos estos resultados.
La actitud de la Administración tiene como consecuencia un colectivo de afectados y afectadas cuyos derechos han sido reconocidos con varios años de retraso. En la mayoría de los casos este reconocimiento no tendrá efectos prácticos y el daño causado no será reparado.
Muchos profesores y profesoras se han visto perjudicadas por el comportamiento de Unibasq y de los anteriores equipos rectorales de la UPV/EHU. De hecho, aunque se permita ahora la participación en las convocatorias de sexenios realizadas a partir de 2021, una parte del PDI afectado probablemente no hará la solicitud, asumiendo el perjuicio recibido, ya que han obtenido sexenios en convocatorias posteriores y no querrán invertir el tiempo y el trabajo que supone volver a solicitarlos. Si la injusticia es reparada tarde, termina dejando mucho daño por el camino…
Hemos solicitado a Unibasq una reunión para pedir que no recurra la sentencia, que estudie la ejecución de la misma, que minimice el daño causado y, sobre todo, que elimine la discriminación entre colectivos PDI en sucesivas convocatorias de sexenios.
Pedimos tanto al Gobierno Vasco como a la nueva dirección de la UPV/EHU que eviten repetir la forma de actuar de los últimos años y que se acuerden los temas laborales en la comisión negociadora con los sindicatos, en vez de en los tribunales. Llevar a juicio los asuntos laborales, aunque más tarde se dé la razón a las y los trabajadores, ocasiona con frecuencia un perjuicio irreparable para el PDI, aunque suponga un ahorro económico para la Administración (no podemos dejar de mencionar las razones económicas que se vislumbran tras las decisiones del Gobierno Vasco y de los equipos rectores de la UPV/EHU, haciéndolos prevalecer por encima de los derechos de los y las trabajadoras…).